Gobierno que agravia

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“Lex, dura lex. ¡Qué se cumpla con justicia!”

 

Mi maestro de historia y li­teratura mexicanas en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, el ex comunista y poeta Ramón Martínez Ocaranza, manifestaba encabritado su capacidad de indignación contra al autoritarismo de Días Ordáz y el gober Arriaga Rivera, –metido en la cárcel por subversivo en 1966– al invadir el ejército la universidad nicolaita, exclamando:

“¡Esto es peor que Tiznar… a su Madre!”.

¿Cómo así, maestro?

Si, Gúerito, la intransigencia es la capacidad de rebelarse, de indignarse alzando la voz ante la injusticia, ante el abuso, ante los atropellos y en general ante todas las fechorías perpetradas por el ser humano en perjuicio de sus seme­jantes, ya en nombre de la política, de la religión o de cualquiera otro pre­texto de dominación bu­rocrática, facciosa o populista.

Las evidencias histó­ricas y las actuales llenan las páginas periodísticas y los archivos judiciales para afirmar que, en este País de conquista y botín, hemos perdido en buena medida la capaci­dad de indignarnos —y de hacer morder el polvo a los modernos gobernícolas– esos atroces desnaturalizados sin mauser, que no saben ni qué es, ni con qué se come la indignación pues no está en el lexikon de massonsitos ni en la liturgia del Pejeyac.

¡Primero muertos que fuera del presupuesto! Decía mi amigó Benigno Gálvez: un abogado postulante del ÍMSS. “Sólo los del poder sa­bemos de qué lado masca la iguana”.

¡Y vaya us­ted a saber qué diántres significaba ésto! Sólo los del chip del algoritmo iluminati sabrían la instrucción.

Y cuando el despojo de la propiedad pública a la privada se convierte en un trofeo, en una virtud, tal como lo presume el régimen actual ante las cancelaciones de obras cuantiosas y el mutis a los escandalos del tren Toluca-StaFe y la chatarra de Pemex y sus derivados nitrogenados, ya no se puede esperar nada sustentable de ellos pues han perdido el rum­bo, la autoridad moral y la respetabilidad de go­bernantes: primeros obligados a respetar el Estado de derecho y, por ende, el Estado de justi­cia.

El colmo: la recien­te oposición de la Corte de rebajar 20% los ingresos a sus ministros, jueces y togados de la Juricatura muestra la codicia patrimonialista gremial-nepótica de los encaramados en el poder de los cargos y el desprecio por la inequidad de los desposeídos, mientras avala la puesta en marcha de la termoeléctrica Huaxca en Morelos y detiene la cuantiosa inversión de la Mina Black-Warrior en BajaCalSur para benefiiciar a proyectos turísticos menos rentables pero más populacheros como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas.

El último reporte de la organización Human Rights Watch pone a México por los suelos en lo que se refiere al respeto a los derechos humanos de los mexicanos. Con un presupuesto exorbitante y enormes prebendas para sus funcionarios de élite (Presidencia, Sedena-Guardia nacional, Bienestar, Aeronáutica-Constructora militar, Pemex-CFE, Migración-Ninis-Con­acyt) la CNDH lo rúnico que produce –pese a su costosa operación-difu­sión— son tímidas reco­mendaciones ante el abuso y negligencia de las autoridades incompetentes y sus neofiscalias judiciales.

Y es que no hay ni ju­risdicción ni juridicidad de sus dictámenes so­bre las diferentes instan­cias de administración y procuración de justicia. Los funcionarios, personal y procedimientos, de­ben subordinarse a los circuitos judiciales esta­blecidos. Se cierra el cír­culo de que las institu­ciones funcionan “endogámicamente”, es decir, se sirven, se ca­san entre sí, para incre­mentar sus cifras y pre­supuestos que justifica­n su existencia. Pero no sirven con eficacia y lealtad a los ciudadanos indefensos ante el abu­so del poder burocrático, y las fuerzas de presión política, con la fuerza, razón y función para las que fueron creadas.

No hay consecuencia eje­cutiva ni jurídica en sus resoluciones, tal cual su­cede con la PROFECO, la CONDUSEF o la CONAMED. En especial en nuestro sistema judicial penal donde las “expectativas que no se han cumplído”, generadas por los constantes ofrecimien­tos del Ejecutivo de apli­car medidas correctivas, taf parece que se las lleva el vien­to mañanero.

El de la voz solicitó el año pasado una carta de no antecedentes penales requisitada por la COMISION ESTATAL ELECTORAI para integrar mi solicitud al Consejo Ciudadano de Observadores electorales y, ¡oh sorpresa!, los datos en poder de la FJEAGS reportaba una consignación penal por difamación periodística, la cual, pese a haber sido desvirtuada documentariamente en el MP, y con la autorización personal del Fiscal, fue enviada al juzgado correspondiente y ahí permaneció en la computadora, ya que nunca fue regresada al MP para ser sobreseída por insuficiencia de pruebas.

O sea:”parece que la solución a un proceso de denuncia judicial depende no en probar la inocencia, sino en encontrarle un delito”.

Y así, estos episodios son el pan de cada día. Todos sabemos lo podrida que está la justicia en México, sóio que padecemos colectivamente “el síndrome del paramédico”:

¡Es que ya nada nos espanta! De tanto presenciar atropellos sangrientos nos hemos vuelto insensibles, pues la cacidad de indignación que nos caracterizaba se ha convertido en miopía de sordos e indiferencia agachona ante los abusos.

 

CORTEX

 

Comentarios

  1. Estela Rubio

    7 marzo, 2019

    ¡Muy buena descripción de lo que pasa en nuestro país, aunque sólo sea una muestra de ello!
    Ciertamente creo que ya nos hemos acostumbrado a ello y no hacemos nada, pero ¿qué podemos hacer?
    Hablando de delitos, realmente cometidos, ¿e que sirve denunciar si sólo vamos a formar parte de una estadística y por los errores cometidos una persona puede verse afectada en su historial, y eso no se vale.

    Mi voto Cortex y saludos.

    Bossy

  2. Esruza

    7 marzo, 2019

    Error en el encabezado, lo escribió Bossy en mi cuenta, no yo.

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