¡Pamplinas!

La protección de la salud para todos los ciudadanos es un derecho «honorífico» insertado en el artículo cuarto de la Constitución en el sexenio De la Madrid-Soberón que cambió las siglas de la SSA (Salubridad y Asis­tencia) por la SSA (Secretaría de Salud) a un altísimo costo: la creación en 1980 de la Coordinación de los Servicios de Salud (CSS), dependiente de y pagada por la Presidencia de la República, que se encargó de hacer el diagnóstico del sector y el establecimiento de un Sistema Nacional de Salud para que todo, como las siglas, quedara igual. Sin embargo, existe evidencia suficiente para afirmar que la protección de la salud que ofrece el Estado mexicano, lejos de garantizar este derecho constitucional de manera efectiva, -la inmediata atención médica de cualquier mexicano en las instituciones de salud establecidas-, es uno de los asuntos de políticas públicas más inequitativo y discriminatorio y el que mayores retos de cober­tura enfrenta hoy.

Tanto es asi que por carecer de cobertura la población abierta no asala­riada, sin seguro social, -a la que se le somete a la «protección social de salud» del extinto Seguro Popular hoy INSABI- como por problemas operativos de los servicios públicos de salud estatales, muchos mexicanos tienen que cubrir de manera privada sus nece­sidades; consumir las panaceas curalotodo que les prescribe por televisión la moderna mercadotecnia medicamentosa auspiciada o tolerada por el Control Sanitario de la Publicidad y el Control de Insumos para la Salud COFEPRIS o de plano morir de inanición o de frío. Esta situación frecuentemente genera que en las personas más pobres o más necesitadas, se retrase o complique indolentemente la atención médica o asistencial, o que las familias tengan gastos catastróficos, de vida o muerte, en contra de su economía, pese al Fondo instituido para ese propósito.

LAS CIFRAS. En un estudio global de la Organización Mundial de la Salud, el sistema mexicano se ubicó en el lugar 51 (de 191), muy por debajo de otros países latinoamericanos que tienen menores ingresos per cápita como Uruguay, Costa Rica o Colombia. Más aún, en el indicador especí­fico de desempeño -cómo opera y qué logra-, México cae al lugar 61, por debajo de Venezuela y Jamaica. El peor caso es el indicador de justicia distributiva o sea el financiamiento del aparato de salud, en donde México se ubica en el lugar 144 de 191, por debajo de países como Mozambique, Angola o Liberia.

DE ATRAS. Si tomamos perspectiva, veremos que lo que surgió a partir del reclamo genuino de la población (diagnostico Coordinación Servicios Salud 1982), eventualmente se ha convertido en una amenaza para el país. En el caso de la díscola seguridad social (no entró en el diagnóstico CSS), la ideología oficial de mediados del siglo XX reflejaba la necesidad de garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servi­cios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Esto repre­sentó un gran triunfo (¡ley del IMSS!) para los trabajadores asalariados y con un patrón cautivo. No para los menesterosos sin Seguro Social, pues la realidad política de aquél entonces tomó la decisión de privilegiar a la oferta en vez de a la demanda. Es decir, en lugar de proporcionar a los ciudadanos los medios (educación para la salud) para obtener individualmente -y con libre opción- la protección y atención médica adecuadas, se optó por crear una enorme infraestructura financiada y dirigida por el gobierno para directamente proporcionar los ser­vicios que, necesariamente, se burocratizaron hasta llegar a la bancarrota actual (Insabi).

¿PA’ LANTE? Esto permitió al gobierno federal establecer un meca­nismo de control corporativo de miles de trabajadores del IMSS para propó­sitos políticos, -a un altísimo costo y con privilegios muy por encima de las prestaciones otorgadas a los trabajadores pagadores de las cuotas-, cuyo desempeño está muy lejos de ser el mecanismo idóneo de servicio a la población asegurada, y el que ha demostrado ser poco efectivo, ineficiente y económicamente insostenible (IMSS Solidaridad, Coplamar, etc.). Más aún, ha resultado ser una infraestruc­tura obesa y un modelo de operación en donde la ineficiencia y la corrupción han provocado el detrimento de los servicios y la degradación de la atención que reciben los asegurados y sus familias.

Con base en una encuesta de la Fundación Mexicana para la Salud, el número de derechohabientes del IMSS que utiliza atención privada creció del 15% en 1994 al 32% (el doble) en el 2000 y las opiniones favorables de los usuarios disminuyeron de 32 por ciento en 1994 a 23 por ciento en el 2000 (un tercio). Por su parte, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico informó que el porcentaje de quejas por atención hospitalaria en el IMSS fue más del doble que en el sector privado. En el caso del ISSSTE, las quejas fueron del doble del IMSS y casi cinco veces más que las del sector privado.

¡Pa’su mecha, qué avance! ¿Y a eso le llaman calidad y calidez de las alas protectoras de la justicia social? Demagogia pura don Zoe.

¿HACIA DONDE? Nuestro país enfrenta hoy grandes desafíos en asuntos de salud pública, atención médica, cobertura y financiamiento del modelo de «seguridad-solidaridad social» propiciados por el envejecimiento de la población, el desempleo y los NINIS becados; por el crecimiento de enfermedades más complejas como el cáncer, la hipertensión, el Sida, la contaminación y la perniciosa obesidad-diabetes con sus secuelas crónico degenerativas. Ante esta rea¡¡dad debemos preguntarnos si, como Nación, tenemos que pagar el precio de la imprevisión, la ineficiencia y la corrupción inveteradas en un asunto tan importante como la salud humana base de toda pproductividad. Seguir invirtiendo en «elefantes blancos» burocráticos, que tarde o temprano caerán en las mismas deplorables condiciones e incompetentes manos, es una perversidad indignante en el uso y destino de nuestros impuestos y cuotas, que pone, además, en grave p peligro la vida saludable de los ciudadanos, el recurso más valioso de una Nación productiva y democrática.

HACER VALER nuestro derecho de protección a la salud, es un reto equivalente a hacer que el Estado de Derecho se cumpla en todos los órdenes de nuestra vida institucional;

Es exigir que se rompan los mitos de dependencia, paternalismo y demagogia para ofrecer alternativas sensatas

y funcionales que:

Partiendo de la sociedad -de médicos sabios, libres, entendedores y humildes—, muestren al gobierno mexicano y a sus falaces managers, actuarios y financistas, que sí se puede cumplir con el patriótico deber de proteger la salud de los mexicanos.

«Aunque los sumisos y adaptados del Tlatoani nos hagan tormento chino desde el Pejeyac».

CORTEX