No creo que hoy en día nadie se atreva a negar que la organización burocrática es absolutamente necesaria en las instituciones complejas, tanto en las públicas como en las privadas. Esa necesidad la dejó muy clara Max Weber, aunque también analizó sus efectos negativos, no siendo el menor la baja productividad de las organizaciones excesivamente burocratizadas.

Desde mi punto de vista, la escasa productividad de la administración pública española, constatada en todas las evaluaciones practicadas, se debe a estos tres males que la atenazan férreamente: el exceso de burócratas, su poder desmedido y la mentalidad burocrática de determinados cargos públicos.

Cuando el uso de las computadoras se extendió por las mesas de las oficinas públicas, lo lógico hubiera sido que disminuyera el número de burócratas. Sin embargo, esa disminución no se produjo, como tampoco ocurrió cuando las comunidades autónomas se hicieron cargo de un elevado número de competencias que hasta entonces dependían del gobierno central. No hay nada más que escuchar el pálpito de la mayoría de los ciudadanos de a pie, en los bares, en las tertulias, o en los medios de comunicación, para darse cuenta de que la opinión más generalizada es que sobran miles de burócratas en la administración pública. Sin embargo, ningún partido político se atreve a plantear en su programa electoral que, cuando llegue al poder, no le temblará la mano para aminorar ese exceso de burocracia. A lo mejor tendremos que esperar a que la situación económica sea tan alarmante como en Grecia para llevar a cabo medidas semejantes a las que últimamente ha tenido que tomar el gobierno de ese país.

El segundo mal me parece mucho más grave que el primero. Resulta inquietante comprobar como los burócratas se han ido apoderando de funciones ejecutivas, jamás previstas por los expertos en el tema, que únicamente conducen a la lentitud de los mecanismos de gestión, a una estúpida complicación de los procedimientos administrativos más elementales, o a la toma de decisiones arbitrarias, tratando de justificarlas en la existencia de reglamentos y normas jurídicas irreales. El ciudadano de a pie no tiene otro remedio que aguantar esa tela de araña que le envuelve por todos lados, ya que no conoce esos supuestos reglamentos, no sabe a quien dirigirse para protestar y mucho menos dispone de los recursos necesarios para entablar un largo proceso judicial.

Es cierto que disponemos de los llamados defensores del pueblo para defender nuestros derechos, y que no cuesta ni un solo céntimo solicitar el amparo de estas instituciones. Pero también es verdad que, en un porcentaje muy elevado de casos, las administraciones públicas ni siquiera responden a las demandas de estos supuestos defensores de la ciudadanía. Otro gallo cantaría si tuvieran la potestad de sancionar a los funcionarios públicos que en lugar de servir al pueblo son ellos los que se sirven del pueblo.

El tercer mal es el más grave de todos. El hecho de que un cargo público, nombrado a dedo en la mayoría de las ocasiones, se convierta en un esclavo de las decisiones que toman los burócratas que dependen de él, me parece patético. Desgraciadamente, esto ocurre de manera mucho más generalizada de lo que a primera vista puede parecer. Generalmente, los cargos públicos que actúan así son conocedores del poder que tienen los burócratas y de que a ellos el cargo les viene demasiado ancho. Son esa camada tan abundante que niega lo evidente, diciendo que ocupan un cargo técnico y no político. Lógicamente, al ser conscientes de su ineptitud y del premio que les tocó en la tómbola del entramado de relaciones del grupo de presión al que pertenecen, se limitan a firmar lo que le presenten los respectivos jefes de servicio por entender que esa actitud es el mejor medio de conservar sus suculentas poltronas.

Como dije al principio, el mal de nuestras instituciones públicas no radica en la burocracia, sino en el mal uso que hacen muchos administrativos del privilegio de ser funcionarios, en el entramado de leyes que regulan la función pública y, sobre todo, en unos políticos incapaces de acabar de una vez por todas con la dictadura de un puñado de burócratas. Mientras no existan unos políticos responsables, dispuestos a separar el trigo de la paja, pronto llegará el día en que el presupuesto solo alcance para pagar los salarios de esa burocracia improductiva.

Obviamente, en las administraciones públicas hay burócratas muy responsables, que hacen su trabajo con diligencia y honestidad, sin extralimitarse en sus funciones. Generalmente, son funcionarios que se niegan a reír las gracias de sus jefes nombrados a dedo, que no están excesivamente preocupados por ascender en la pirámide administrativa, que no dedican una buena parte de su trabajo a conspirar y, en definitiva, que hacen todo cuanto esté en sus manos por atender educada y eficientemente a los ciudadanos que demandan sus servicios.