«La función pública que nada resuelve

a favor del bien público ni del bien común»

LOS SOFISTAS

Algo está sucediendo en nuestro país en donde el la prevaricación -torcer la nor­ma de la función pública para robar u otorgar provecho a ter­ceros- ha permeado las más altas esferas del poder público en donde los asuntos se litigan en los medios de comunicación o en la Mañanera. Y hay quie­nes definen la moralidad como el valor de la costumbre, los hábitos de obrar bien compartido por los ciu­dadanos. Así, el canibalismo es moral en un país de caníbales, al menos eso es lo que creía tribino-litigante Diego de Cevallos. Sí la ley no sanciona el tráfico de influencia; si las reglas del poder heredadas del pasa­do tricolor permiten el enriquecimiento prevaricador, entonces adelante. Más lo que se hace -legalmente per­misible, éticamente inaceptable- daña al país… y es una habilidad sofista capaz de todo -una panorgia o botín— como decía certeramente Platón hace 2600 años.

La sofística del Jefe Diego y los queretanos es una práctica non sancta que se debe erradicar: el conflicto de interés que sur­ge cuando un servidor público promueve y defiende intereses privados lucrando con ello. En el pasado un político pobre era un pobre político (Hank y los atracomulas) y nadie podía que­darse atrás. Cualquiera que llegara al poder debía uti­lizarlo para promover sus intereses, amplificar su in­fluencia y cabildear para conseguir contratos y conce­siones que se tradujeran en ganancias. El Pejeyac pontifica, y tiene razón, cuando argumenta que el tráfico de influencia «es el tóxico que ha dado al traste con todo». Es fuente de corrupción que genera la desigualdad social y el retrazo económico. Tuerce decisiones favorables a cambio de moches redituables -trenes, aviones. refinerías. Para los sofistas se puede ser juez y parte, legislador o litigante, empresa­rio o representante de la soberanía, dioses o demo­nios al mismo tiempo.

Pero los sofistas de hoy tractican una ideología ad hoc: un relativismo universal en donde no se po­dría reconocer la verdad. Como opinaba Protagoras (hace 2500 años): todo es relativo, subjetivo, según la posición de cada actor: «una cosa es para mí como me parece a mí (Diego) y para ti (Guadiana), como te las arregles en el Senado». El hombre no se siente entonces enfrentado con situa­ciones objetivas -la ley y el deber- sino que el hombre «es la medida de todas las cosas, a según de mi compadre».

Este método llevó a la manufactura de muchos mi­llonarios y a la creación de leyes que les permitieran serlo: De Cevallos, Fauzi, Peña, Losoya son algunos, como lo demuestra una investigación de María Scherer. Es dueño de la finca La Asturiana en su feudo de San Juan del Río, Qro., valuada en 4.5 millones; del rancho El Estanco de 220 hectáreas y con 340 vacas. Le com­pró a su hijo dos predios de 23 y 50 hectáreas al pre­cio de 14 millones de pesos y a su hija de 22 años una finca en el municipio de Mariano Escobedo valuada en 11 millones de pesos, amén de su casa de Polanco, su despacho corporativo y la propiedad turística de Punta Diamante en Acapulco. Estos bienes y otros más seguramente fueron adquiridos con el sudor de su fren­te… y con lo que ha podido cobrar por ejercer la in­fluencia política que tiene. Ciertamente no ha violado la ley contra el tráfico de influencias porque lo que hace no es tipificado como delito. Lo amoral en su caso es que un panista se haya beneficiado del «status lucratio» establecido por los priistas a partir de la concertacesión del ’88 con la quema de los paquetes electorales en San Lázaro. El jefe Diego ha declarado con orgullo que no vive de lo que gana en la política, sino de lo que gana como litigante. Ha amasado una fortuna va­liéndose de las ventajas que lo público le vende a lo privado, lucrando desde lo que la ley no le prohibe hacer al ciudadano común.

Una parte del problema se origina en leyes arcai­cas que permiten conductas cuestionables. En este país no existen impedimentos constitucionales y lega­les para que alguien trabaje como senador un día y como abogado el siguiente. En el país de la permisivi­dad se pueden patrocinar causas penales contra inte­reses públicos. En México es posible ser miembro del gobierno y llevar un juicio en contra de una de sus dependencias. Es posible también negar el «status ci­vil» y su institución primigenia: El Registro Civil, ha­ciendo alarde de no estar vinculado conyugalmente a ese imperativo legal, y referirse al género femenino como «el viejerío». Por eso el jefe Diego declara: ¿Trá­fico de Influencias? Es infamia, es calumnia, es lin­chamiento público, es demagogia perversa». No. Lo que es, es un cuestionamiento público a una costum­bre y a un protagonismo pernicioso, que le ha costado caro a este país y a su gente.

Con esa ideología que sólo pone la mira en realiza­ciones prácticas y en la influencia de la retórica del poder, el egoísmo se vuelve el ingrediente indispensa­ble. Se podrá disfrazar este egoísmo toxico. Se podrá llamar a la mentira propaganda y al robo interés común, pero en la realidad sólo se tratará de tráfico de influencia: el de la doble moral y la doble función de gestionar en los espacios públicos los intereses privados en contra del interés general con el conveniente resultado ganan­cioso. ¿Me estarán oyendo el Bartlett y la Hada Sandoval?

CORTEX